El Gobierno de México ha propuesto la eliminación de varios fideicomisos que hasta ahora han sido utilizados por organismos autónomos, con el objetivo de reasignar esos recursos al presupuesto de la nación para 2024. Esta iniciativa ha generado preocupación entre los organismos afectados, quienes consideran que dichos fondos son esenciales para su funcionamiento independiente.

Recursos bajo revisión

Entre los fideicomisos que se consideran para la eliminación, se encuentran aquellos gestionados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre otros. Estos organismos advierten que la eliminación de estos fideicomisos podría afectar su operatividad y poner en riesgo su autonomía.

El Gobierno argumenta que estos fondos deben ser redistribuidos para cubrir necesidades prioritarias dentro del presupuesto nacional del próximo año. Según las autoridades:

“Es fundamental optimizar el uso de los recursos públicos, asegurando que sean destinados a las áreas que más lo requieren, sin comprometer la calidad de los servicios”.

Los organismos autónomos, por su parte, sostienen que estos fideicomisos les han permitido actuar con independencia y responder a las demandas ciudadanas con mayor eficiencia.

Según datos oficiales, los recursos contemplados para ser redirigidos provienen de múltiples fideicomisos. Algunos de los más relevantes incluyen:

• INE: aproximadamente 3,000 millones de pesos
• CNDH: cerca de 1,200 millones de pesos
• INAI: cercano a 500 millones de pesos

Esta propuesta ha abierto un debate en torno a la necesidad de garantizar la autonomía de estos organismos frente a las demandas de administración eficiente por parte del Estado. Analistas políticos opinan que un equilibrio adecuado entre ambos es crucial para mantener la confianza de la ciudadanía en estas instituciones.

La discusión sobre la eliminación de los fideicomisos apenas comienza, y se espera que en las próximas semanas haya un debate intenso en el Congreso respecto a la asignación final de estos recursos públicos. Mientras tanto, los organismos afectados buscan alternativas para preservar su estatus actual y asegurar su capacidad de operación independiente.