El día de ayer, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) realizaron una manifestación frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) en Ciudad de México. La protesta se llevó a cabo con el objetivo de exigir mejores condiciones laborales y denunciar recortes presupuestales que, según ellos, afectan directamente su desempeño y estabilidad laboral.
Exigencias de los trabajadores
Los manifestantes, conformados por jueces, magistrados y personal administrativo del PJF, argumentan que los recortes presupuestarios han impactado significativamente la operatividad del sistema judicial en el país. Durante la manifestación, varios oradores tomaron la palabra para expresar sus preocupaciones y demandas.
“Estamos aquí para defender nuestra dignidad laboral y exigir que se nos brinden las condiciones necesarias para cumplir con nuestras responsabilidades de manera eficiente,”
declaró uno de los representantes sindicales presentes en la protesta.
Los manifestantes presentaron una serie de demandas específicas, entre las cuales se destacan:
- Reversión de los recortes presupuestales que afectan al Poder Judicial.
- Incremento en las partidas destinadas a salarios y prestaciones laborales.
- Garantía de estabilidad laboral para todos los trabajadores del PJF.
- Mejora en las condiciones de infraestructura y recursos materiales necesarios para la operación diaria.
La protesta frente al INE se desarrolló de manera pacífica y contó con la presencia de diversos gremios y sindicatos que mostraron su apoyo a los trabajadores del Poder Judicial. A lo largo de la jornada, los manifestantes también entregaron un pliego petitorio en las oficinas del organismo electoral, solicitando una reunión con las autoridades competentes para abordar sus inquietudes.
Por su parte, las autoridades del INE y del Poder Judicial aún no han emitido una respuesta oficial sobre las demandas presentadas por los trabajadores. Sin embargo, la movilización ha generado un debate público sobre la situación laboral en el sector judicial y la necesidad de garantizar recursos adecuados para el funcionamiento eficiente de los tribunales en México.
