Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión histórica al reducir las remuneraciones de los ministros para que sean inferiores a las del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Esta medida tiene como objetivo cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que ningún servidor público puede recibir un sueldo mayor al del titular del Ejecutivo federal.

Nuevos límites salariales

Con base en la información proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el ajuste salarial ya ha sido aplicado y se reflejará en los recibos de nómina de los ministros en el corto plazo. Esto se suma a un contexto de austeridad que el gobierno federal ha impulsado desde el inicio del sexenio.

A continuación se presentan algunos puntos clave sobre este ajuste salarial:

• El salario del Presidente de la República se ha fijado en 112,122 pesos mensuales netos.
• Los ministros de la SCJN recibirán una remuneración mensual menor a esta cifra.
• La reducción salarial busca alinear las percepciones de los altos funcionarios del poder judicial con los principios de austeridad republicana.

La decisión se ha tomado en un momento en el que la transparencia y la rendición de cuentas están en el foco de la opinión pública. Los ministros han expresado su compromiso con los valores de austeridad al aceptar el ajuste en sus remuneraciones. Un portavoz de la SCJN comentó al respecto:

“Este ajuste es parte de nuestro compromiso para cumplir con lo que dicta la Constitución y ser coherentes con las políticas de austeridad implementadas por el gobierno federal.”

La medida ha sido bien recibida por diversos sectores de la sociedad que ven en esto un paso hacia la transparencia y la equidad en el servicio público. Sin embargo, algunos críticos argumentan que los salarios deben reflejar la responsabilidad y la carga de trabajo que supone ser ministro de la Suprema Corte.

Con esta determinación, se espera fomentar una cultura de mayores controles en el gasto público y un uso más eficiente de los recursos del Estado, mientras se atiende la demanda de salarios justos en el ámbito gubernamental.