La Cámara de Diputados de México ha aprobado en lo general la reforma al Artículo 21 de la Constitución, la cual permitirá otorgar nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que investigue ciertos delitos. Con una votación en la cual 339 diputados se mostraron a favor, 154 en contra y 11 se abstuvieron, la iniciativa avanzó y ahora pasará al Senado para su discusión y eventual aprobación.
Detalles de la reforma
Esta reforma constitucional busca fortalecer las capacidades de la SSPC en materia de seguridad pública, permitiéndole asumir un papel más activo en la investigación de delitos que sean competencia del fuero federal. Actualmente, esta tarea está concentrada principalmente en la Fiscalía General de la República (FGR).
Los defensores de la reforma argumentan que estas modificaciones son necesarias para responder de manera más eficaz a la creciente ola de delincuencia y violencia que afecta al país. Según algunos legisladores, la SSPC necesita mayores herramientas para llevar a cabo investigaciones que ayuden a mejorar la seguridad pública a nivel nacional.
Entre las atribuciones que se le pretenden otorgar a la SSPC se incluyen:
- La posibilidad de iniciar investigaciones sobre delitos de carácter federal.
- Coordinar esfuerzos con otras autoridades locales y federales para optimizar recursos y acciones.
- Implementar estrategias integrales de prevención del delito.
Sin embargo, la propuesta ha sido objeto de debate. Los opositores a la reforma plantean que podría haber un conflicto de competencias entre la SSPC y la FGR, lo cual podría entorpecer la efectividad en las investigaciones. Además, algunos temen que se amplíen excesivamente las facultades de la SSPC sin los debidos controles.
“Es crucial que no sobrecarguemos de atribuciones a una sola dependencia sin establecer claros mecanismos de supervisión y rendición de cuentas”, advirtió uno de los legisladores durante el debate.
La reforma deberá ser aprobada por el Senado y por al menos 17 congresos locales para convertirse en ley. De lograrlo, representaría un cambio significativo en la estructura investigativa de los delitos federales en México, con la expectativa
