En un esfuerzo por combatir la creciente problemática de la extorsión en la Ciudad de México, se ha propuesto una amplia reforma legal para tipificar y sancionar 14 formas distintas de este delito. La propuesta busca fortalecer el marco legal y dotar a las autoridades de herramientas más eficaces para enfrentar esta situación que afecta a miles de ciudadanos y comerciantes.

Detallando la Propuesta

A través de una iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México, se pretende modificar el Código Penal local para incluir nuevas modalidades de extorsión, adaptadas a las tácticas que los delincuentes emplean en la actualidad. Estas incluyen desde amenazas directas, hasta el uso de tecnología digital para intimidar a las víctimas.

El objetivo principal es incrementar las penas y sanciones para desalentar la comisión de este delito, así como brindar apoyo a las víctimas. Con esta reforma, se busca disuadir a los delincuentes mediante un sistema de justicia más severo y efectivo.

“Esta iniciativa es un paso significativo hacia la protección de nuestros ciudadanos y busca garantizar que la Ciudad de México sea un lugar seguro para vivir y trabajar,” comentó un legislador involucrado en la propuesta.

Entre las estadísticas relacionadas con la extorsión en la Ciudad de México, se destacan:

• Un aumento significativo en las denuncias de extorsión durante los últimos años.
• Las víctimas más frecuentes incluyen pequeños empresarios y comerciantes.
• El uso de tecnología para extorsionar se ha incrementado considerablemente.

El proyecto también busca establecer un marco de colaboración entre diversas entidades gubernamentales y de seguridad para implementar estrategias focalizadas en la prevención y atención de las víctimas de extorsión. Esta cooperación interinstitucional es clave para enfrentar el problema de manera integral y asegurar la tranquilidad de los ciudadanos.

Al visibilizar y penalizar estas prácticas extorsivas, las autoridades esperan reducir la incidencia delictiva y fortalecer la confianza de la población en el sistema de justicia. La iniciativa representa un esfuerzo conjunto por parte del gobierno y la ciudadanía para enfrentar un problema que ha afectado durante mucho tiempo el tejido social de la capital.