El Senado de la República aprobó con 71 votos a favor y 51 en contra la reforma que traslada el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La votación final cerró el proceso legislativo, por lo que el proyecto de decreto se turnó al Ejecutivo para su promulgación.
Detalles de la reforma
La reforma constitucional aprobada modifica diversos artículos de la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y la Ley de la Administración Pública Federal.
Con esta medida, se busca fortalecer el trabajo de la Guardia Nacional mediante la disciplina y estructura de las Fuerzas Armadas, según argumentaron los legisladores que votaron a favor. El senador Ricardo Monreal señaló:
“Es una reforma necesaria para la seguridad del país y para dotar a la Guardia Nacional de mayores capacidades operativas.”
Por su parte, la oposición criticó la medida, argumentando que debilita el carácter civil de la Guardia Nacional y pone en riesgo los derechos humanos. La senadora Xóchitl Gálvez expresó:
“Con esta reforma se está militarizando la seguridad pública, lo cual es contrario a lo aprobado en la Constitución.”
La reforma ha generado un intenso debate público y político sobre las implicaciones de trasladar el control de la Guardia Nacional a la Sedena. A continuación, se presentan algunos de los puntos más relevantes de la votación:
- 71 votos a favor
- 51 votos en contra
- 0 abstenciones
La Guardia Nacional, creada en 2019, se diseñó inicialmente como una fuerza de seguridad de carácter civil con el objetivo de hacer frente a la delincuencia y la violencia en México. Sin embargo, desde su formación, la influencia militar en la Guardia Nacional ha sido un tema de constante discusión y controversia.
El dictamen aprobado establece que la Sedena asumirá el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, sosteniendo la coordinación con las autoridades civiles de seguridad pública. Los defensores de la reforma afirman que
