El actual Gobierno de México, conocido como la 4T o Cuarta Transformación, continúa su tendencia de introducir reformas significativas en diversas instituciones y procesos. Recientemente, las miradas del Gobierno se han posado en el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).

Reformas propuestas en el INE

El Gobierno ha propuesto cambios profundos en el INE, un organismo que ha jugado un papel clave en la democracia mexicana. Estas reformas incluyen alteraciones en la estructura y funcionamiento del instituto, que podrían impactar desde su autonomía hasta la forma en que se organizan las elecciones en el país.

El presidente ha señalado en varias ocasiones su intención de implementar cambios que, según él, harían el sistema electoral más justo y menos costoso. Entre las propuestas también se encuentra la posibilidad de que los consejeros del INE sean elegidos mediante voto popular, lo cual podría modificar de manera significativa la dinámica de selección y operación de este organismo.

El argumento del Gobierno se centra en que el INE, en su estado actual, no es lo suficientemente representativo ni accesible para la ciudadanía, por lo que supuestamente se requiere de una reforma que lo acerque más a las necesidades del pueblo mexicano.

Por otro lado, en lo que respecta al Infonavit, el Gobierno también ha propuesto cambios que buscan mejorar el acceso a la vivienda para los trabajadores de menores ingresos. Estos cambios formarían parte de un plan más amplio para hacer más accesible la vivienda digna en el país.

Las estadísticas del Infonavit reflejan que:

• El 80% de los créditos otorgados en 2022 se destinaron a trabajadores con ingresos menores a cuatro salarios mínimos.
• Se han otorgado más de 10 millones de créditos desde su creación.

Estas reformas, de ser aprobadas y ejecutadas, podrían tener un impacto significativo en las instituciones mencionadas y, por ende, en amplios sectores de la sociedad mexicana. No obstante, las propuestas han generado debates intensos sobre los posibles efectos a largo plazo y la verdadera independencia de estos organismos.

Ante las críticas, el Gobierno sostiene que su plan es