En una sesión reciente, la Cámara de Diputados de México aprobó varias reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, enfocándose en la ampliación de los crímenes que pueden ser castigados con prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, también decidieron eliminar la prisión preventiva para el delito de defraudación fiscal. Medidas como estas han causado debates tanto dentro como fuera del recinto legislativo, ya que afectan directamente al sistema de justicia penal del país.
Prisión preventiva oficiosa: ¿nuevas adiciones?
La prisión preventiva oficiosa ha sido uno de los temas más polarizantes en el ámbito legal mexicano. Esta medida, que implica enviar a prisión a un sospechoso sin que se haya demostrado su culpabilidad, fue originalmente diseñada para algunos delitos graves. Con las nuevas reformas, la lista de delitos ha sido ampliada.
Entre los delitos que ahora ameritarán prisión preventiva oficiosa se incluyen:
- Trata de personas
- Robo a casa habitación
- Uso de programas sociales con fines electorales
Estas adiciones buscan combatir de manera más agresiva ciertos crímenes que, según los legisladores, son considerados especialmente dañinos para la sociedad.
Un alivio para defraudación fiscal
En lo que parece ser un movimiento inesperado, los diputados decidieron remover el delito de defraudación fiscal del catálogo de aquellos que requieren prisión preventiva oficiosa. Esta decisión ha generado controversia, pues algunos consideran que podría debilitar la capacidad del Estado para combatir la evasión de impuestos.
Durante el debate, algunos legisladores argumentaron que mantener la prisión preventiva para este tipo de delitos afecta la presunción de inocencia. Un diputado mencionó:
“Es importante que aseguremos el debido proceso y no criminalicemos de entrada a quienes enfrentan problemas fiscales.”
Esta corriente de pensamiento parece haber ganado terreno, llevándolos a tomar esta decisión a pesar de las críticas de algunos sectores que pedían medidas más severas contra evadidores fiscales.
La reforma ahora pasa al Senado para su revisión y eventual aprobación. Mientras tanto, el debate sobre la prisión preventiva oficiosa y su
