La Convención de la ONU sobre Ciberdelincuencia, adoptada recientemente en 2023, ha generado preocupaciones significativas entre defensores de derechos humanos y periodistas en el exilio. La convención busca establecer un marco global para combatir el crimen cibernético, sin embargo, varios analistas y organizaciones de derechos humanos advierten sobre los posibles riesgos que plantea para las libertades individuales y el trabajo de quienes protegen los derechos humanos.
Preocupaciones sobre la libertad de expresión y privacidad
Los críticos de la Convención señalan que algunas de sus disposiciones podrían utilizarse para justificar la censura y la vigilancia masiva. Por ejemplo, la ambigua definición de “ciberdelito” podría usarse para criminalizar actividades legítimas de activismo y periodismo, especialmente en contextos donde los gobiernos ya tienen un historial de represión contra la libertad de expresión.
“Podemos observar un peligro latente en la interpretación que algunos estados podrían dar a esta convención, utilizándola como una herramienta para silenciar voces disidentes bajo la excusa de combatir el cibercrimen,” comentó un experto en derechos digitales.
La convención otorga a los estados miembros poderes amplios para vigilar comunicaciones y acceder a datos personales, lo cual preocupa a las organizaciones de derechos humanos que advierten sobre la posible violación de la privacidad de los ciudadanos.
Cabe destacar los principales riesgos identificados por los defensores de derechos humanos:
- Criminalización del periodismo de investigación.
- Censura de contenidos críticos hacia el gobierno.
- Vigilancia masiva sin garantías adecuadas.
En este contexto, se hace un llamado a que los gobiernos implementen medidas de salvaguarda que protejan la libertad de expresión y garanticen que la legislación sobre ciberdelito no sea utilizada como una excusa para la represión política. Las organizaciones de derechos humanos instan a la comunidad internacional a vigilar la implementación de la Convención de manera que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Este documento mundial representa un desafío importante para el equilibrio entre la seguridad en el ciberespacio y el ejercicio de libertades fundamentales. La forma en que los gobiernos adopten e interpreten la Convención reflejará su compromiso con los derechos humanos y la democracia.
