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La SCJN reafirma que las mineras deben pagar derechos, asegurando una distribución justa de riqueza en México. Esto generó ingresos de más de 10 mil millones de pesos.
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SCJN confirma que mineras deben pagar derechos de extracción

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México ha tomado una decisión crucial al rechazar un amparo promovido por las empresas mineras, lo que significa que estas deberán seguir pagando los derechos sobre extracción que impone la ley. Esta resolución se produjo tras analizar las impugnaciones realizadas por algunas compañías del sector que buscaban la nulidad de estos pagos.

Decisión de la SCJN

La resolución del máximo tribunal del país dice mucho sobre su postura respecto a las obligaciones fiscales que deben cumplir las mineras. Las empresas argumentaban que los derechos eran excesivos y no se ajustaban a la Constitución. Sin embargo, la SCJN determinó que el cobro es constitucional y debe seguir vigente.

De acuerdo con los datos oficiales, las contribuciones que se recaudan de las empresas mineras son significativas. Estas son algunas estadísticas relacionadas:

  • En el año pasado, el cobro de derechos a las mineras generó ingresos por más de 10 mil millones de pesos para el gobierno.
  • Este sector representa aproximadamente un 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.
  • México es uno de los mayores productores de plata a nivel mundial.

El Ministro de la SCJN, quien redactó la opinión mayoritaria, enfatizó la importancia de mantener este tipo de cobros. En sus palabras,

“Es fundamental para asegurar una justa distribución de la riqueza y recursos naturales del país, garantizando que quienes se benefician de ellos contribuyan adecuadamente al fisco.”

Las empresas mineras tendrán que ajustar sus operaciones y presupuestos teniendo en cuenta que estos derechos no serán eliminados. Este fallo reafirma la política del gobierno mexicano de regular y obtener recursos de industrias con impacto en la economía y el ambiente.

La decisión ha sido bien recibida por organizaciones que abogan por una distribución más equitativa de los recursos y por asegurar que las corporaciones multinacionales paguen lo justo al estado mexicano por su explotación territorial.

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