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La SCJN levanta amparo a Elektra, sus acciones caen 60% y el SAT reafirma el cumplimiento fiscal en México.
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SCJN levanta suspensión, Elektra cae 60% en la Bolsa

En un movimiento significativo en el sector financiero mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido levantar la suspensión que beneficiaba a Elektra al evitar el pago de impuestos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esta decisión ha tenido un impacto inmediato en el mercado, provocando que las acciones de Grupo Elektra caigan más del 60 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores.

Contexto de la Disputa Legal

La disputa entre Elektra y el SAT ha sido un tema de interés público durante varios años. La compañía de Ricardo Salinas Pliego había logrado frenar el pago de una considerable cantidad de dinero mediante varios amparos. Sin embargo, con la decisión más reciente de la SCJN, la balanza se inclina en favor del fisco mexicano.

El SAT, por su parte, ha argumentado que el pago de estos impuestos es fundamental para el funcionamiento del país, permitiendo fortalecer servicios públicos e infraestructura. En respuesta a la resolución de la SCJN, un portavoz del SAT comentó:

“Esta decisión es un paso importante para asegurar que todas las empresas en México cumplan con sus obligaciones fiscales. Es un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley.”

Los inversionistas han reaccionado con preocupación tras el anuncio. La caída en el valor de las acciones refleja las dudas sobre la capacidad de Elektra para manejar las implicaciones financieras de esta decisión.

De acuerdo con datos del mercado, los siguientes puntos resaltan el impacto inmediato en Elektra:

  • Las acciones cayeron en más del 60%, marcando una de las mayores caídas en su historia reciente.
  • La capitalización de mercado de la empresa sufrió una reducción considerable en tan sólo unas horas de operaciones.

Este desenlace marca un hito en el panorama fiscal y empresarial en México, subrayando la determinación del gobierno de hacer cumplir las leyes fiscales y asegurar que todas las empresas contribuyan equitativamente al desarrollo económico del país.

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