La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha rechazado la controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) contra el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que cataloga sus proyectos insignia como de “seguridad nacional”.
Decisión de la Suprema Corte
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue el encargado de desechar el recurso del INAI al considerar que el organismo no tiene facultades para impugnar dicho decreto. Este polémico decreto, emitido en noviembre de 2021, declara de interés público y de seguridad nacional los proyectos de infraestructura del gobierno, incluyendo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, entre otros.
“El INAI carece de competencia para promover controversias constitucionales en este contexto”, resaltó el ministro González Alcántara Carrancá.
Esta decisión ha generado críticas de diversos sectores que ven la medida como un intento de limitar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de estos grandes proyectos.
El INAI argumentó en su momento que el decreto presidencial podría obstaculizar el acceso a la información pública relacionada con estas obras y, en consecuencia, atentar contra la transparencia gubernamental. Sin embargo, con esta resolución de la Corte, el decreto se mantiene en vigor.
Las reacciones ante esta resolución no se han hecho esperar. Organizaciones de la sociedad civil y líderes de opinión han expresado su preocupación por los posibles efectos en la transparencia y vigilancia de estos proyectos estratégicos.
- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
- El Tren Maya.
- La Refinería de Dos Bocas.
Estos proyectos son presentados por el gobierno de López Obrador como motores de desarrollo económico y social, principalmente en el sureste del país. Sin embargo, este nuevo paso judicial revive el debate sobre la necesario equilibrio entre el desarrollo de infraestructura y la transparencia gubernamental.
Por ahora, las obras declaradas de seguridad nacional seguirán adelante bajo este marco jurídico, mientras el debate sobre sus implicaciones continúa en los espacios públicos y políticos
