En un avance significativo hacia la regulación del uso de vapeadores en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la reforma a la Constitución de Nuevo León que prohíbe los vapeadores. Esta decisión establece un precedente importante en el ámbito legal del país, al integrar la prohibición de estos dispositivos dentro de la legislación estatal.
Antecedentes y razones de la prohibición
La reforma constitucional, aprobada por el Congreso de Nuevo León en abril del presente año, enfrentó varios desafíos durante su implementación. La medida fue impulsada tras diversos estudios que resaltaron los riesgos para la salud asociados al uso de vapeadores, especialmente entre los jóvenes, quienes son el principal grupo de consumidores de estos productos.
El ministro Alberto Pérez Dayán, encargado de presentar el proyecto en la Suprema Corte, destacó que el uso de estos dispositivos daña la salud pública. La prohibición es parte de un esfuerzo más amplio para reducir el consumo de sustancias nocivas en la población. El ministro afirmó:
“Esta medida es un paso necesario para proteger la salud de nuestros jóvenes, quienes son los más susceptibles a las campañas de mercadotecnia de las empresas fabricantes de vapeadores.”
La votación en la Suprema Corte concluyó con una mayoría de votos a favor de la prohibición, lo que refuerza la decisión de Nuevo León de proceder con el control de estos dispositivos a nivel estatal. Esta sentencia de la corte significa una alineación con las políticas de salud pública nacionales y mundiales que buscan disminuir el impacto negativo del tabaquismo y sus alternativas.
Algunos datos relevantes sobre la situación de los vapeadores en México incluyen:
- El aumento en el consumo de vapeadores, especialmente en personas de entre 15 y 24 años.
- La percepción errónea de que los vapeadores son menos dañinos que otros productos de tabaco.
- La falta de regulación uniforme a nivel nacional antes de la reforma en Nuevo León.
Con esta reforma, Nuevo León se convierte en el primer estado en México en integrar la prohibición de vapeadores directamente en su constitución. Esta decisión podría inspirar a otras entidades a seguir su ejemplo, generando un debate más amplio sobre los derechos del consumidor y la salud pública en
