La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido foco de atención recientemente debido a una controversia en torno a su reciente decisión de invalidar un decreto que pretendía modificar el funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta decisión ha generado un intenso debate político, particularmente tras las declaraciones de Claudia Sheinbaum, quien sugirió que la resolución de la Corte podría interpretarse como un “golpe de estado técnico”.
Contexto de la Decisión de la Corte
El decreto en cuestión proponía alterar significativamente las funciones del INEGI, lo cual, según la opinión de la SCJN, contravenía ciertos principios constitucionales esenciales y, por lo tanto, fue invalidado. Sin embargo, algunos actores políticos consideran que la intervención de la Corte en este asunto representa una intrusión en la esfera política.
En respuesta a tales afirmaciones, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, defendió la independencia y el papel del poder judicial, enfatizando que la Corte actúa de acuerdo con su mandato constitucional y no persigue intereses políticos. La ministra manifestó en un comunicado:
“La Suprema Corte cumple con su deber de velar por el respeto a la Constitución, y nuestras decisiones buscan garantizar el equilibrio de poderes y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.”
Las palabras de Piña resaltan la intención de mantener la institucionalidad y el respeto a la Constitución por encima de las disputas políticas.
El conflicto ha puesto de manifiesto tensiones existentes entre los diferentes poderes del Estado mexicano, especialmente en un contexto donde el INEGI juega un papel crucial en la recopilación y análisis de datos a nivel nacional, datos que impactan decisiones críticas en políticas públicas y económicas.
Algunos puntos estadísticos que han surgido respecto a esta situación son:
- El 60% de los ciudadanos considera que la SCJN actúa de manera imparcial.
- Un 40% de la población cree que los recientes fallos reflejan una tendencia política.
En conclusión, aunque la decisión de la Suprema Corte ha sido criticada por ciertos sectores, también ha sido vista como una reafirmación del estado de derecho y la importancia del poder judicial como contrapes